Hace ya seis años, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, se dieron a la tarea de llevar a cabo una consulta en torno a la conveniencia de reglamentar las marchas y plantones. Según los resultados obtenidos  en ambos sondeos, la gran mayoría de los capitalinos se manifestaron a  favor de que se establecieran normas legales al respecto. Sin embargo, por razones que ignoramos, la reglamentación a las manifestaciones públicas no se concretó.

Esto viene a cuento por la marcha que activistas de diversos sindicatos llevaron a cabo la semana pasada en importantes avenidas de la Ciudad, trastornando el tránsito vehicular y causando un sinnúmero de molestias a miles de ciudadanos.

Para quienes vivimos en el Centro de la ciudad y para aquellos que diariamente nos transportamos a esa zona para cumplir con nuestras diferentes obligaciones, ya sea laborales o académicas, resulta incómodo toparse con una marcha, un mitin o un plantón, fenómenos que por su frecuencia se han convertido en parte del  paisaje urbano y a los que no podemos acostumbrarnos.

Sin embargo, para los comerciantes el problema aumenta exponencialmente, pues no sólo tienen que enfrentar el problema de la vialidad, sino un obstáculo para el desarrollo de su actividad, lo que pone en riesgo el empleo de miles de  trabajadores, debido a la recurrencia de las marchas.

Los manifestantes, quienes se dicen ser trabajadores preocupados, señalan tener el derecho de salir a las  calles a mostrar su rechazo a las reformas a la Ley del ISSSTE y no les falta razón, sin embargo, desde el momento en que afectan los derechos de terceros, la  ley ya no los ampara.

Quienes así actúan, no entienden que carecen del apoyo de la sociedad y que debido a su intransigencia han perdido la poca simpatía que algunos sectores les brindaban.

Durante muchos años, el comercio establecido no sólo se ha enfrentado a la competencia desleal que representa el ambulantaje y que significa un freno a su desarrollo. También ha tenido que enfrentar la imposibilidad de ejercer la libertad de empresa, debido a la apropiación arbitraria de la vía pública por parte de los manifestantes.

Los comerciantes no se oponen a la libre manifestación pública, pues se trata de un derecho constitucional. Pero sí se oponen a que la libre expresión de algunos grupos vaya en detrimento de los derechos ciudadanos de terceros, porque además de evitar el ejercicio de la libre empresa, los manifestantes dañan con pintas y leyendas las fachadas de los establecimientos, rompen ventadas y aparadores, además de  inhibir  la actividad turística en la ciudad.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México  exhorta a la Asamblea Legislativa del DF a  reglamentar cuanto antes las manifestaciones públicas, de lo contrario, el comercio en la zona centro de la Ciudad  se verá cada vez más afectado, con la correspondiente pérdida de empleos.