La Cámara de Comercio se suma a las voces que proponen derogar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

       30 de mayo de 2019

Boletín no. 371

La Cámara de Comercio se suma a las voces que proponen derogar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual señala lo siguiente:

“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales”.

Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco CDMX, argumentó que el texto aprobado por la Primera Legislatura de la Ciudad de México (art. 60 de referencia) se ha hecho con la intención de garantizar una vivienda digna para todas las familias que residen en la ciudad, sin embargo, es el Estado y sus autoridades quienes deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero no a costa de quienes son propietarios de las viviendas.

Los desalojos son producto del desarrollo normativo ante el incumplimiento de contratos o resoluciones judiciales respecto de bienes muebles; son la extensión de violaciones a la propiedad de particulares y, por supuesto, algo indeseado por inquilinos y caseros.

No obstante, agregó el líder empresarial, la norma, tal como se ha redactado, abre el espacio jurídico para que invasores profesionales de predios y viviendas cuenten con elementos jurídicos para despojar, por la vía del chantaje u ocupaciones interminables, a legítimos propietarios de sus bienes.

Nathan Poplawsky agregó que el citado texto, además de crear espacio para la anarquía y corrupción por parte de algunas autoridades, inhibe a todas luces la inversión en vivienda de alquiler, pues lejos de contar con incentivos que inviten a mejorar este sector de la economía, representa un escenario de total incertidumbre e inseguridad jurídica.

Finalmente, hizo un llamado a los integrantes de la Legislatura de la Ciudad de México a corregir esta imprevisión legislativa que coloca al sector inmobiliario y a los particulares propietarios de un inmueble en una condición de vulnerabilidad legal y que, de facto, bajo el manto protector de los derechos humanos, justifica el pesado lastre antijurídico de las invasiones a predios y viviendas con violencia y/o mediante el engaño.

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